La creación de una patente europea es el proyecto soñado que muchos llevan ideando durante décadas. La Unión Europea es un mercado común de más de 500 millones de ciudadanos que tiene un inestimable potencial de crecimiento pero que no termina de arrancar. Aunque los países europeos importan y exportan sus productos principalmente entre ellos mismos (Europa es la mayor destinataria y receptora de los productos de Europa), la compra directa por parte de los usuarios a través de Internet no despega del todo porque al fin y al cabo sigue habiendo limitaciones insalvables como las del idioma.
Diseñar un sistema de patentes único y compartido es uno de los retos a los que tiene que hacer frente el continente para sacar pecho en la carrera de la competitividad. Patentar en Europa es costoso y difícil ya que a pesar de la existencia del mercado común, una patente ha de registrarse en cada Estado miembro por separado, con los consecuentes costes que ello acarrea; de ahí que el debate haya saltado a primera plana después de mucho tiempo buscando soluciones sin éxito.
El comisario de Mercado Interior, el francés Michel Barnier, decantó la balanza a favor de un sistema europeo de patentes multilingüe, que englobaría las 3 principales lenguas de la UE: inglés, francés y alemán. Consagrar estas lenguas como las oficiales también en el terreno de la competitividad hizo alentar los ánimos nacionalistas y España e Italia lo tomaron como un agravio personal por el que no pasarían jamás.
Siendo prácticos, una patente europea eficaz debería seguir la prerrogativa del ‘English only’.
A pesar del rechazo de Italia y España a este proyecto, las reglas del juego determinadas por el Tratado de Lisboa ya no establecen unanimidad sino un acuerdo entre mínimo 9 Estados miembros para trabajar en una “cooperación reforzada” que no paralice todos los proyectos que no cuentan con el visto bueno de los Veintisiete. Así lo confirmó la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en enero.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo es la última baza para Roma y Madrid. Los magistrados europeos tendrán la última palabra sobre el agravio comparativo de las lenguas. Doce Estados miembros han respaldado la iniciativa, a los que se sumaron otros trece en el Consejo de Competitividad del 10 de marzo. Esto deja únicamente a España e Italia fuera.
Pero en su complicada senda hacia el éxito, la patente europea sigue siendo objeto de duros reveses. El último, que dos días antes de que el Consejo de Competitividad diera formalmente la luz verde a la cooperación reforzada, los jueces de Luxemburgo declararan ilegal uno de los aspectos fundamentales de la futura patente europea: la creación de un órgano judicial separado del de Luxemburgo y que se encargaría de resolver futuros litigios.
A pesar de salir adelante en el Consejo, la patente europea deberá reinventarse y buscar una salida obligatoria ya que, según el secretario de Estado español de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, con la decisión del Tribunal de Luxemburgo “el proyecto de patente comunitario no tiene viabilidad”. La Comisión Europea ha declarado que ya está analizando el horizonte para proponer futuras propuestas.
Por su parte, la Presidencia húngara del Consejo ha tendido la mano a Roma y Madrid invitándoles a unirse “cuando estimen oportuno”. No les quedará otro remedio.
Diseñar un sistema de patentes único y compartido es uno de los retos a los que tiene que hacer frente el continente para sacar pecho en la carrera de la competitividad. Patentar en Europa es costoso y difícil ya que a pesar de la existencia del mercado común, una patente ha de registrarse en cada Estado miembro por separado, con los consecuentes costes que ello acarrea; de ahí que el debate haya saltado a primera plana después de mucho tiempo buscando soluciones sin éxito.
El comisario de Mercado Interior, el francés Michel Barnier, decantó la balanza a favor de un sistema europeo de patentes multilingüe, que englobaría las 3 principales lenguas de la UE: inglés, francés y alemán. Consagrar estas lenguas como las oficiales también en el terreno de la competitividad hizo alentar los ánimos nacionalistas y España e Italia lo tomaron como un agravio personal por el que no pasarían jamás.
Siendo prácticos, una patente europea eficaz debería seguir la prerrogativa del ‘English only’.
A pesar del rechazo de Italia y España a este proyecto, las reglas del juego determinadas por el Tratado de Lisboa ya no establecen unanimidad sino un acuerdo entre mínimo 9 Estados miembros para trabajar en una “cooperación reforzada” que no paralice todos los proyectos que no cuentan con el visto bueno de los Veintisiete. Así lo confirmó la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en enero.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo es la última baza para Roma y Madrid. Los magistrados europeos tendrán la última palabra sobre el agravio comparativo de las lenguas. Doce Estados miembros han respaldado la iniciativa, a los que se sumaron otros trece en el Consejo de Competitividad del 10 de marzo. Esto deja únicamente a España e Italia fuera.
Pero en su complicada senda hacia el éxito, la patente europea sigue siendo objeto de duros reveses. El último, que dos días antes de que el Consejo de Competitividad diera formalmente la luz verde a la cooperación reforzada, los jueces de Luxemburgo declararan ilegal uno de los aspectos fundamentales de la futura patente europea: la creación de un órgano judicial separado del de Luxemburgo y que se encargaría de resolver futuros litigios.
A pesar de salir adelante en el Consejo, la patente europea deberá reinventarse y buscar una salida obligatoria ya que, según el secretario de Estado español de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, con la decisión del Tribunal de Luxemburgo “el proyecto de patente comunitario no tiene viabilidad”. La Comisión Europea ha declarado que ya está analizando el horizonte para proponer futuras propuestas.
Por su parte, la Presidencia húngara del Consejo ha tendido la mano a Roma y Madrid invitándoles a unirse “cuando estimen oportuno”. No les quedará otro remedio.
